La policía judicial cree que Bruno Pidá, de 30 años, cara angulosa, sombrero elegante y hombros de portero de discoteca, es el fundador y líder del "grupo terrorista" que ha sembrado el pánico en la ciudad del Duero. Tres guardias de seguridad privada y el dueño de una discoteca han sido asesinados a tiros en distintos ajustes de cuentas de ida y vuelta. Otra persona más, dueño del club El Avión, de Lisboa, y testigo en el llamado caso Passarelle, murió en la capital hace unos días al explotar una bomba en su coche.
Varios de los detenidos en Oporto han sido imputados por terrorismo, asociación criminal, homicidio voluntario, tráfico de estupefacientes y posesión ilegal de armas. Pidá arriesga entre 15 y 20 años de cárcel, como presunto jefe de la banda. La ley antiterrorista portuguesa considera que es organización terrorista "todo grupo de dos o más personas que, actuando concertadamente, busquen intimidar a ciertas personas, grupos de personas o a la población en general, mediante crimen contra la vida, la integridad física o la libertad de las personas".
El fiscal y la policía sospechan que Pidá ha estado envuelto en nueve tentativas de homicidio. Al ser detenido en posesión de una pistola de 9 milímetros, el gorila y ex guardaespaldas del presidente del Oporto, Pinto da Costa, explicó que era para defenderse, señaló que tenía "más miedo de morir que de ir preso", y negó, igual que hicieron sus compinches, implicación en los asesinatos en Oporto.
El goteo de muertes violentas ha causado gran alarma social en Portugal, y en el Parlamento la oposición ha lanzado severas críticas al Gobierno. El alcalde de Oporto, Rui Rio, había criticado el 24 de noviembre pasado, tras el cuarto asesinato seguido en los ambientes de la noche, la "incapacidad de la policía para acabar con el crimen organizado". La semana pasada, el fiscal general del Estado, Pinto Monteiro, decidió nombrar una fiscal especial, Helena Fazenda, para supervisar la investigación.
La medida encendió los ánimos del sindicato de la Policía Judicial, que lo consideró una injerencia y acusó al fiscal de "creer en los milagros". Sólo 48 horas después, la Policía Judicial activó una operación que, según el director nacional, Alípio Ribeiro, llevaba semanas preparando. Desplazado en persona al norte para dirigirla, Ribeiro ha advertido que aún no "está cerrada la página del libro del combate al crimen en la noche de Oporto", pero ha tranquilizado a mucha gente al desmentir los rumores que implicaban a policías en activo en las mafias de la (in)seguridad nocturna.
